En una conferencia realizada en la sede de la CGT y transmitida por la radio cooperativa Inclusión y el programa Modo Obrero, el abogado laboralista Andrés Ocampo analizó en detalle el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Ante un auditorio de trabajadores aceiteros y representantes sindicales, Ocampo advirtió que la iniciativa no representa una modernización, sino un retroceso que amenaza con desmantelar el derecho laboral, precarizar las condiciones de trabajo y debilitar la acción sindical.

Un retroceso disfrazado de modernización

Ocampo recordó que el derecho laboral nació para reconocer la desigualdad entre empleador y trabajador, y que cualquier intento de borrar esa lógica equivale a eliminar la esencia misma de la protección jurídica. Según su análisis, el proyecto busca vaciar de poder al sindicalismo, restringiendo huelgas, asambleas y la tutela de los delegados, mientras otorga mayor autoridad a las patronales. Ejemplificó con prácticas ya aplicadas en algunas empresas, como el banco de horas, las jornadas de doce horas o la exigencia de certificados médicos detallados, anticipando lo que la reforma pretende legalizar.

El abogado subrayó que la oposición a estas medidas no es partidaria, sino una defensa de la supervivencia y la dignidad de los trabajadores. Reivindicó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como un pilar que garantiza la protección de los derechos laborales y que, según él, debe ser defendido como una verdadera “Biblia obrera”.

Precarización y fraude laboral

Uno de los puntos más críticos señalados por Ocampo es la eliminación de sanciones a los empleadores que mantienen trabajadores no registrados o mal registrados. Para él, esto constituye un incentivo al fraude laboral y fomenta figuras como la del “colaborador independiente”, que deja al trabajador sin acceso a obra social, ART, vacaciones pagas o licencias por enfermedad.

El impacto, señaló, ya se refleja en los números: pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo registrados y cierre de miles de empresas. Lejos de generar empleo, las reformas han debilitado la estructura laboral y fomentando la informalidad. Ocampo alertó que esta situación no solo aumentará la cantidad de juicios laborales, sino que también saturará la justicia, dejando a los trabajadores en largas esperas para poder reclamar lo que les corresponde.

Ataque a la justicia laboral y a la libertad sindical

El abogado denunció que las reformas buscan disciplinar a jueces laborales y abogados, restringiendo su capacidad de controlar la constitucionalidad de las normas. Además, criticó la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que obligaría a renegociar desde cero derechos ya conquistados. También advirtió que se pretende ampliar la definición de “servicios esenciales” hasta abarcar sectores como la producción de alimentos, lo que en la práctica impediría la protesta.

En paralelo, señaló que las patronales serían beneficiadas con condonaciones de deudas y la eliminación de sanciones penales por incumplimientos en aportes y contribuciones, premiando a quienes han lucrado con fondos retenidos a los trabajadores. Para Ocampo, esta contracara revela con claridad el sesgo de la reforma: mientras se recortan derechos y se persigue a sindicatos, jueces y abogados laboralistas, se otorgan beneficios directos a las grandes corporaciones.

Unidad y conciencia de clase: la única salida

El cierre de la conferencia estuvo marcado por un llamado a la unidad sindical y social. Los aceiteros, junto a otros gremios presentes, recordaron que ya han vivido situaciones similares en el pasado y que solo la organización y la lucha permitieron conquistar derechos. Se destacó la importancia de la capacitación, del diálogo cotidiano entre compañeros y de la participación en charlas y espacios colectivos.

“Si nos quedamos quietos, perdemos todo”, fue la advertencia que resonó en la sala. La conclusión fue clara: mantener la unidad, concientizar a cada trabajador y estar preparados para la movilización inmediata, porque lo que está en juego no es solo el salario, sino la dignidad y el futuro de la clase trabajadora argentina.