El Ministerio Público de la Defensa (MPD) participó este jueves de la primera reunión del Consejo Consultivo del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, un espacio que reúne a organismos del Estado, universidades y entidades sociales para evaluar las condiciones de detención y elaborar recomendaciones. Allí, sus representantes plantearon inquietudes por la situación de las personas privadas de libertad en dependencias de la Policía de Entre Ríos, especialmente por la falta de abordaje adecuado en salud mental.

El encuentro se realizó en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y contó con la presencia del defensor coordinador Gaspar Reca y la referente del Registro de Casos de Violencia Institucional, Lucía Tejera. También participaron representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Juzgado de Ejecución de Penas, la Policía provincial, el Copnaf, la UNER, la Uader, el Colegio de Psicólogos y diversas organizaciones sociales y de derechos humanos.

Los integrantes del Comité contra la Tortura expusieron los avances recientes para alcanzar su pleno funcionamiento y presentaron estadísticas que muestran un incremento sostenido de la población detenida durante la última década. A partir de esos datos, delinearon tres ejes prioritarios: el acceso a la salud, las detenciones en comisarías y el acceso a la educación de las personas privadas de libertad.

En ese marco, Reca advirtió sobre “graves problemas” vinculados a la falta de atención sanitaria y, en particular, a la ausencia de dispositivos para situaciones de salud mental en comisarías, una problemática más visible en el interior provincial. Señaló además dificultades en el abordaje del consumo problemático de sustancias, una situación también registrada en unidades penales.

Los representantes coincidieron en la necesidad de profundizar el análisis, solicitar informes específicos y conformar mesas de trabajo para avanzar en propuestas concretas de mejora. La reunión fue encabezada por los integrantes del Comité: el senador Juan Pablo Cosso, la diputada Silvina Deccó, la directora de Derechos Humanos María Emma Bargagna, los representantes de organismos de derechos humanos Ignacio Journé y Sofía Stamatti, y el secretario ejecutivo José Morales. También forma parte del cuerpo el diputado Silvio Gallay.