Los diputados libertarios Carlos Damasco y Liliana Salinas presentaron un proyecto de ley que apunta a flexibilizar y adecuar las exigencias de rendición de cuentas para clubes deportivos y asociaciones civiles de Entre Ríos. La propuesta busca reconocer el carácter social, cultural y comunitario de estas instituciones, al tiempo que plantea un esquema de control más acorde a sus realidades administrativas.

En los fundamentos, los legisladores remarcaron que la mayoría de los clubes son sostenidos por dirigentes ad honorem, sin personal capacitado en tareas contables, lo que vuelve desproporcionada la carga burocrática para justificar los aportes estatales. Esa situación, señalaron, ha derivado en sanciones o en la imposibilidad de acceder a nuevos apoyos, aun cuando los fondos fueron aplicados de manera correcta.

La iniciativa contempla además la exoneración de rendiciones pendientes actualmente observadas por el Tribunal de Cuentas o en sede judicial, siempre que se compruebe que los recursos fueron destinados a los fines previstos en el objeto social.

El alcance de la norma incluiría a todas las instituciones deportivas civiles y sin fines de lucro, inscriptas en los registros provinciales o municipales, que acrediten actividad sostenida en el tiempo. Los principios rectores del régimen serían la proporcionalidad, la transparencia comunitaria y la adecuación administrativa a las capacidades reales de gestión de los clubes.

Los autores insistieron en que el proyecto no elimina el control público, sino que lo adapta a la dinámica cotidiana de las entidades. En lugar de complejos requisitos contables, se plantean mecanismos alternativos como la acreditación de participación en competencias oficiales, la organización de eventos comunitarios o la difusión de actividades en medios y redes sociales.

“Los clubes cumplen un papel fundamental como espacios de inclusión y contención. Son muchas veces el único ámbito accesible para la práctica deportiva y la vida en comunidad, especialmente en barrios y pequeñas localidades”, subrayaron Damasco y Salinas.

De aprobarse, la ley significaría un alivio para cientos de instituciones que cumplen funciones sociales clave en Entre Ríos, pero que hoy enfrentan serias dificultades para sostener su funcionamiento debido a las actuales exigencias administrativas.