La Cámara de Diputados debatirá este martes en comisión la media sanción del Senado que limita el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU), herramienta que la Constitución habilita para situaciones excepcionales. La oposición planea tratar el tema en el recinto el próximo 1 de octubre, junto a otros proyectos sensibles como cambios en el impuesto a los combustibles y la revisión de vetos recientes del Ejecutivo.

El proyecto introduce un giro profundo en el esquema vigente desde 2006. Hasta ahora, un DNU solo quedaba sin efecto si era rechazado por ambas Cámaras del Congreso. La iniciativa actual propone que el rechazo de una sola de ellas baste para invalidarlo, lo que reduciría la discrecionalidad presidencial.

Además, establece que cada decreto deberá convalidarse en un plazo máximo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial, y acota a 48 horas hábiles el tiempo para que una Cámara comunique su decisión a la otra. Otra novedad es que, si un DNU o una delegación legislativa son rechazados, el Poder Ejecutivo no podrá insistir con otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

La herramienta de los DNU fue incorporada en la reforma constitucional de 1994 para que los gobiernos pudieran actuar ante emergencias que no admitieran demoras legislativas. Sin embargo, su uso reiterado generó tensiones políticas y judiciales. Casos puntuales de anulación se registraron en los últimos años, como con los fondos reservados de la ex SIDE o la reestructuración del INTA y el INTI.

El oficialismo observa con preocupación el avance opositor, ya que los DNU se convirtieron en una vía habitual para sortear la negociación con bloques legislativos y gobernadores. La eventual reforma, impulsada por distintos sectores de la oposición, apunta a reequilibrar la relación de fuerzas y reforzar el rol deliberativo del Congreso en la definición de políticas públicas.

Si prospera en Diputados, el cambio marcará un límite inédito al presidencialismo en la Argentina contemporánea, instalando un nuevo escenario de disputa institucional en medio de la campaña hacia las legislativas de octubre.