Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO

Hasta los cinco años estuvo viviendo en San Salvador, pero luego regresó a La Histórica donde completó sus estudios iniciales que le permitieron luego estudiar Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Es el tercero de cinco hermanos. Y además de abogado, tiene una especialidad en Derecho Ambiental y actualmente se desempeña asesorando de manera simultánea a un municipio peronista como Colonia Elia y a otro radical como Primero de Mayo, ambos del Departamento Uruguay; ejerciendo el concepto de municipios asociados.

En el diálogo que mantuvo con EL ARGENTINO repasa su formación, pero también su experiencia como militante estudiantil para luego comprometerse en la política como un ámbito para mejorar la calidad de vida a partir de políticas públicas y se detiene en la importancia de guiarse por los principios constitucionales para encontrar la inspiración que permite –por ejemplo en materia ambiental- establecer protocolos institucionales que facilitan ejercer el derecho a la producción y a la vida sana, pero sin contradicción.

-Primero comparta cómo fueron los inicios de su formación inicial.

-Hasta quinto grado la hice en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay. Y luego hice el pase al Colegio Don Bosco donde termino la primaria y curso toda la secundaria. La formación salesiana fue importante para el desarrollo tanto profesional como ciudadano. A partir de 1983 tuvimos un grupo de docentes que nos incentivó mucho para conformar el Centro de Estudiantes. Y hay que ubicarse en esa época, con la recuperación de la democracia y los colegios que se abrían a nuevas propuestas de participación de los alumnos. Recuerdo, casi como una paradoja, pero que habla del compromiso docente de esa institución salesiana, alumnos de otros colegios nos preguntaban cómo habíamos hecho para armar ese Centro de Estudiantes.

- ¿Y cómo se canalizó esa inquietud?

-Hicimos un Centro de Estudiantes con delegados que eran elegidos en cada curso y teníamos muy diferenciado el rol del Club Estudiantil y la función gremial del Centro de Estudiantes. Con el Club Estudiantil los salesianos trabajaban codo a codo con nosotros, porque de ahí nacían iniciativas como colaborar con la limpieza del colegio, arreglar la cancha de fútbol. En 1987 ya elegíamos a las autoridades del Centro de Estudiantes con elecciones directas, es decir, sin que pasen por delegados de cada curso y me eligieron para presidir esa experiencia. Recuerdo que el primer Triatlón que se hizo en Concepción del Uruguay fue organizado por nosotros. Y esa competencia tuvo la originalidad de que se hacía de manera individual en bicicleta, la carrera pedestre y la innovación fue la inclusión de kayak con dos palistas; con lo cual había que esperar al compañero para completar la etapa. Es decir, el sentido de equipo fue parte de su espíritu. De toda esa época recuerdo a casi todos los docentes y me cuesta nombrar a algunos de ellos por el temor de los injustos olvidos. Pero, así al azar, me viene a la mente la profesora de Literatura Graciela Díaz; que más allá de su asignatura siempre tenía una perspectiva integral para nuestra formación. Pero, insisto para no caer en injusticia, todo el cuerpo de profesores, nos marcaron por su compromiso con la educación. Otro ejemplo es que los docentes siempre fueron respetuosos de nuestros tiempos organizativos en el Centro de Estudiantes. Y teníamos un acuerdo tácito, que ese tiempo no distrajera el tiempo de estudio. En esos años, era presidente del Centro de Estudiante, pero también abanderado; porque no concebíamos la representación sin antes asumir las responsabilidades propias que cada uno debía ejercer.

- ¿Y a la vocación por la abogacía cómo la maduró?

-Siempre me interesó la difusión y el ejercicio de los derechos y encontré en la abogacía a la profesión que me permitiría profundizar esa inquietud. Siempre me pareció clave para vivir en sociedad, en una comunidad, en una familia, en cualquier organización, que las personas sepan cuáles son sus obligaciones y derechos y por qué se establecen. Luego me interesó también el rol del Estado desde el punto de vista del Derecho Público. Y le agrego que ese encuentro vocacional también viene de la mano de la militancia política, en una Argentina con mucho fervor por la democracia, por participar, por ser parte de un proyecto colectivo más abarcador de nuestras propias posibilidades individuales. El asunto es que me fui a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata.

- ¿Cómo fue esa experiencia universitaria en la Ciudad de las Diagonales?

-Los primeros años fueron de adaptación y muchos cambios. Diría que los primeros años fue casi una experiencia marcada por la vida académica. Pero, ya en tercer año observé que teníamos los programas de estudios que eran pre 1983: Derecho Constitucional, Historia Constitucional eran programas confeccionados desde antes de la recuperación de la democracia. Me animé y le propuse al Consejo Directivo de la Facultad que los docentes actualicen esos programas con la nueva época democrática. Me parecía contradictorio estudiar Derecho Constitucional con un programa confeccionado en la época del Proceso de Reorganización Nacional. Eso motivó que desde muchas corrientes militantes me convocaran y así redescubrí ese aspecto de compromiso con el otro que ya había vivido en mi época de estudiante secundario.

-Se quedó pensando…

-Me estaba acordando que me invitaron a participar de la cátedra de Derecho Político con Carlos Raimundi y Federico “Freddy” Storani, y cuyo titular era el doctor Juan Carlos Rubinstein; quien más tarde fue elegido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Y en la cátedra de Derecho Constitucional también me convocaron porque había realizado un trabajo sobre la pertenencia de la banca legislativa, donde analizaba si pertenecía al pueblo, al legislador elegido o del partido. Incluso esta es una discusión no del todo saldada en nuestros días. En ese contexto, el titular de esa cátedra, que era el doctor José Luis Lazzarini y que fue convencional constituyente en 1949, me invitó a participar de su cátedra. Fui ayudante alumno tanto en Derecho Constitucional como en Derecho Político; además de participar activamente en la Fundación Sergio Karakachoff. Es decir, desarrollaba una vida académica en formación, pero también un compromiso desde la solidaridad.

-Al recordar su paso por la secundaria, deslizó un intenso compromiso entre la comunidad educativa y el colegio. Ese vínculo hoy es prácticamente una carencia o en todo caso una red a reconstituir en términos de sociedad.

-La escuela es un socializador secundario, porque la primera escuela es la familia. Y hoy observo que la escuela no solo tiene la carga por la cual fue creada sino también la de hacerse cargo de esa cuestión primaria que se debe forjar en el seno familiar. Hay muchas pautas, valores, normas que se deben incorporar en la familia para luego extenderla o potenciarla en la escuela. Lamentablemente cuesta mucho en la sociedad actual que un padre encuentre la calidad del tiempo para sentarse con su hijo y acompañarlo de manera integral en su formación como persona. Lamentablemente, se observa que las familias pierden incluso hasta lo vivencial que hace a la memoria de esa misma familia. Y en ese punto, el Centro de Estudiantes incentivaba al ciudadano-alumno a involucrarse con la comunidad educativa y hoy un poco eso también se está dejando de lado. De todos modos, en muchas instituciones hay grandes esfuerzos por involucrarse. Lo veo en la experiencia de mi hijo, que también cursa en el Colegio Don Bosco y junto a sus compañeros van a distintos barrios para organizar actividades que permitan sobrellevar mejor las carencias que todos conocemos. El involucrarse con las necesidades ajenas, que el sufrimiento del otro no nos sea indiferente, es un ejercicio ciudadano que hay que ejercerlo sin prejuicios y sin egoísmos. Y la escuela, como la universidad, tiene un rol activo en esa experiencia ciudadana que debe experimentar todo alumno, mucho más en esta época donde el desmembramiento familiar se presenta como una debilidad que también disminuye el potencial colectivo que debe tener una comunidad. Por eso, quienes alcanzamos un grado profesional también debemos abrazar el concepto de una formación permanente. No es que logramos el título y cerramos o clausuramos nuevas etapas para seguir aprendiendo. Es cuando más debemos aprender.

-A propósito. Usted tiene una especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

-Así es. Se trata de un derecho difuso y relativamente nuevo. En rigor, en 1996-1997 comencé a dar clases en Derecho Ambiental en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Los inicios fueron realmente primigenios, porque esa materia no estaba desarrollada como en la actualidad. Incluso, en esos inicios, al programa de Derecho Ambiental lo había heredado de otro docente y tuvimos que ir, año a año, actualizándolo. Y a esa experiencia le sumo la necesidad de fortalecerse, de nutrirse y relacionarme en un mundo académico que convoca al diálogo de otras disciplinas científicas. Es justo reconocer que Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, marcó una impronta muy clara y así surge la especialización en Derecho Ambiental y fui parte de la primera cohorte. Y no fue solo por algo académico, al que le asigno una importancia clara, sino también a lo profesional. En aquellos años, 1997 más o menos, muchos de mis colegas me reprochaban por invertir en un postgrado en Derecho Ambiental en vez de ir a una especialidad que fuera más rentable o redituable. Ante esa interpelación, mi respuesta la encontré nuevamente en el sentido por el cual abracé esta profesión: difundir y proteger nuestra pertenencia y permanencia en la sociedad e incluso hasta proteger a las futuras generaciones y que hasta no hace mucho era un universo que costaba mucho visualizar. Por eso desde la mentalidad tradicional del Derecho cuesta mucho entender esa materia. ¿Cómo hablar de un derecho de alguien que todavía no existe? Hoy el derecho de ese sujeto futuro e incluso de las futuras generaciones se logra gracias al Derecho Ambiental. Por otro lado, esa formación también estuvo vinculada a un intervalo de mi militancia política, que fue cuando me cuestioné cómo continuar canalizando la necesidad de aportar a la construcción de lo colectivo desde mi profesión. Y así, visualicé esa especialización. De hecho, casi todos los problemas ambientales que se vivieron en Concepción del Uruguay y que se visualizaron gracias al reclamo de vecinos, asambleas, me tocó estar al lado de ellos asesorando, acompañando; incluso hasta presentaciones judiciales.

- ¿Se acuerda de alguna experiencia en ese sentido?

-Hay muchas, porque todas son relativamente recientes. Cuando se comenzó con el diseño de la costanera sobre la isla, un grupo de ambientalistas comenzaron a reclamar la necesidad de conocer el estudio de impacto ambiental, que luego consolida el concepto de licencia social. Y las intervenciones fueron intensas, porque los ciudadanos participaban incluso colocándose debajo de las máquinas que tiraban abajo los árboles. El Juzgado de Instrucción ordenó la detención de los militantes ambientales. En ese momento, estaba en pleno postgrado y le propongo a la jueza Cristina Calveyra hacer una audiencia pública. Y tomamos como ejemplo la causa que se había resuelto a nivel de la Corte con la controversia Río Matanza y Riachuelo. Tomamos ese mismo paradigma de encuentro y de diálogo. La jueza accedió. Se hizo la audiencia en la que participó casi todo el mundo, el intendente, las autoridades de vialidad, los vecinos, entre otros y se logró algo que hasta entonces era imposible: conocer de qué se trataba el proyecto. No hay que olvidarse que muchas veces el temor nace por la falta de información o por la información errónea. Y a partir de esa audiencia se destrabó el conflicto. Y la enseñanza fue muy importante: aquel que tiene que dar la licencia social tiene que recibir la información completa en tiempo y forma.

-Usted trabaja como juez de Faltas en la Municipalidad de Colonia Elia, que es justicialista; y en Primero de Mayo, que es radical.

-Siempre les digo a los dos intendentes, que hemos construido una experiencia valiosa y muy particular. Ellos han logrado superar la grieta en la defensa de sus vecinos. Entre ambas Municipalidades se comparte el área jurídica, porque en esas comunidades no hay profesionales afincados. Los Juzgados de Faltas que se crearon hace tres años se hicieron de manera conjunta; lo mismo la de asesoramiento técnico ambiental, higiene y seguridad laboral también es el mismo equipo. No hemos inventado nada, porque todo lo permite la Constitución y está bajo el paraguas del concepto de municipios asociados; además de estar contemplado en la Ley Orgánica Municipal. Se trata de un intercambio de experiencia e incluso de recursos. Y lo otro que es importante, que se logró en dos municipios que si bien pertenecen al mismo Departamento (Uruguay), no son colindante, sino que incluso están ubicados cada uno en un extremo de la jurisdicción departamental. No son, por ejemplo, como Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano. No obstante, se demostró que se aprovecha mejor las experiencias, inclusive en la gestión de compras.

- ¿Cómo es eso?

-Hace poco concursamos precios para adquirir el software para el seguimiento de expediente. Si se hubiera hecho de manera individual por Municipio había que invertir veinte mil pesos; en total 40 mil pesos. Propusimos una adquisición por 30 mil pesos en total. Es decir, le salió a cada comuna 15 mil pesos, menos que si lo hubieran hecho de manera individual o por separado. Y como eso, tenemos muchos ejemplos en materia de gestión conjunta.

-Hace poco Colonia Elia tuvo dos notas distintivas. Es una de las pocas comunidades que ha crecido demográficamente, revirtiendo el éxodo rural. Es una de los pocos municipios entrerrianos que puede levantar esa bandera vinculada con la generación de proyectos para evitar que sus jóvenes emigren en busca de un futuro en tierras extrañas. Y el segundo es la articulación de un protocolo de actuación para controlar las aplicaciones agrotóxicos de acuerdo a las medidas fijadas por la provincia y lo hizo en base a un sistema de bajo costo, pero alto beneficio comunitario. Y se presenta como una plataforma modelo para replicar en todo el territorio provincial.

-En rigor, hicimos uso de una herramienta que tiene un valor agregado y es la Constitución de Entre Ríos y que no tiene otra Constitución provincial en el país, que tiene consagrados principios ambientales. Y esos principios no son interpretaciones, sino mandatos para establecer políticas públicas. Entonces cuando se producen determinadas políticas en materia de producción y en materia ambiental, debemos aplicarla a la luz de esos principios, que son mandatos constitucionales. Tenemos que equilibrar tanto el aspecto productivo como ambiental para que no sea una contradicción. Desde un Municipio no tenemos el poder real para cambiar una matriz productiva. Frente a esa realidad, nos interpelamos para saber cómo podemos proteger a los vecinos y a nuestros bienes naturales, siendo conscientes de esa limitación. Así nació este protocolo en base a esquemas reales y concretos. Y para eso nos valimos de un convenio con la universidad que nos permitió hacer un relevamiento para saber dónde vive cada vecino, cada escuela rural, cada productor, cada arroyo y así sucesivamente. Desde el deber ser nos gustaría que el Municipio tuviera las posibilidades de poder establecer algunos criterios. Además, el Artículo 240° de la Constitución de la provincia nos da plena autonomía, incluso en materia ambiental tiene la particularidad que extiende la competencia municipal más allá de su ejido cuando la cuestión ambiental así lo amerita. Hoy por hoy, todo ese control se hace a través de Producción de la Provincia. Se labra un acta, pero hay que enviarla a Paraná. Me parece que los Municipios deberían tratar de pedir para sí mismo ese control. Por otro lado, desburocratiza el tema, nos daría inmediatez en la aplicación del ejercicio de los derechos y que a veces es una notoria carencia, además de tener un Estado más presente y accesible con la consecuente optimización de los recursos de la cosa pública. Para eso no se requiere de una gran inversión, porque el equipamiento no llega a los cien mil pesos. En todo caso, son los principios de nuestra Constitución provincial la que nos guiaron en esta propuesta.