El incidente —que ocurrió sobre las 17 del lunes— hizo que en la mañana del martes las autoridades del Ministerio de Ambiente del flamante gobierno uruguayo partieran hacia el lugar, y que horas después anunciaran una auditoría al mismo tiempo que brindaron calma a la población al decir que no se afectó el agua de OSE.

Mientras el nuevo ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, daba una rueda de prensa después de recorrer la zona, la comisión de Ambiente del Senado se reunía —de manera breve— para definir autoridades. Una de las tareas que se llevaron los legisladores fue analizar los proyectos que se archivaron cuando se terminó el periodo legislativo anterior para elegir cuáles se pueden volver a evaluar.

Uno de los integrantes de la comisión, Eduardo Brenta (del Frente Amplio), indicó que están en una “línea de que los temas ambientales ocupen un lugar más importante en la agenda que los años anteriores”.

A poco de que terminara la legislatura anterior, el entonces subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, pidió al Parlamento que se aprobara una ley que incluya los delitos ambientales en el Código Penal. Es un viejo reclamo que ya se trató en legislaturas anteriores sin que se pudiera llegar a buen puerto. En el periodo anterior, un proyecto se aprobó en el Senado pero quedó sin pronunciamiento de la Cámara de Representantes.

Las tres autoridades que concurrieron del Ministerio de Ambiente a Río Negro fueron el ministro de Ambiente, Ortuño, el subsecretario Leonardo Herou y el director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario.

Ortuño marcó que una de las preocupaciones de la nueva gestión en el Ministerio de Ambiente es “aumentar los controles”, así como también estar cerca de los temas, la prevención y trabajar junto a la empresa y los operadores. Ante la consulta sobre si se va a sancionar a la empresa, como sucedió en otras oportunidades, respondió: “Vamos a esperar el informe de nuestros técnicos —que están trabajando en el lugar— para dimensionar lo que sucedió. Sobre los antecedentes, efectivamente hay multas pero lo que más nos preocupa es avanzar en la auditoría que dispusimos”.

La auditoría que se implementará —según explicó Ortuño— será sobre la instrumentación y funcionamiento del plan de gestión ambiental de operación en el país y los planes de contingencia ante diferentes incidentes.

El ministro, además, indicó que queda “evaluar” bien un “goteo puntual” de una válvula —el “derrame quedó acotado al muelle” de UPM—, aunque aclaró que no fue de “entidad” según los “muestreos” de Prefectura y los que hizo la propia empresa. También destacó que OSE actuó de manera rápida al cambiar la toma de agua de la principal hacia la alternativa mientras se determinaba cuál era el impacto del incidente.

El comunicado de la empresa

La empresa UPM informó que "sobre las 17:00 ocurrió un incidente con la descarga del barco de ácido sulfúrico en el muelle de la planta de UPM Fray Bentos a raíz de una pérdida en la manguera de descarga". Agregó que “la situación fue controlada rápidamente y contenida en el lugar con la brigada propia de la empresa que actuó de acuerdo con los protocolos definidos para estos casos”.

Y continuó: “Tanto Prefectura como Bomberos de Fray Bentos al igual que las autoridades ambientales fueron debidamente informadas de la situación que no generó afectaciones al ambiente ni a las personas que trabajaban en el lugar".

Desde la sociedad civil, la organización Movus apuntó que, “para analizar seriamente este tema, no alcanza con las declaraciones de la empresa” sino que “debe iniciarse una investigación a fin de conocer los hechos para estimar el impacto ambiental generado por el derrame”. En esa línea, marcó como importante “acceder y revisar los registros de las cámaras de seguridad del área portuaria y las áreas de derrame”.

Desde la organización, además, exhortaron a las “autoridades ambientales” a que “revisen y hagan público el manifiesto de carga de la nave, por medio de un balance comparativo de las existencias de esos productos en las bodegas, en los almacenes de la planta de UPM y el volumen efectivamente recogido en las operaciones de limpieza, a fin de determinar fehacientemente la afectación que genera el ácido faltante en la zona afectada, los cursos de agua y los territorios involucrados”.

Hubo varios hechos en los últimos años que pusieron a UPM bajo la lupa. Uno de los que más notoriedad tuvo se debió a la contaminación de la cañada y arroyo Santana, en Paysandú, a través de agroquímicos utilizados en un vivero (Ver aparte). Por el hecho —por el que los vecinos reclamaron en reiteradas oportunidades— se le aplicó una multa de US$ 29.979 —700 UR— en enero de 2023. El País