Redacción EL ARGENTINO
El crimen de Jeremías Monzón, un joven de 15 años asesinado en Santa Fe por su novia y otros adolescentes, generó conmoción en la provincia y en todo el país. El caso reinstaló un debate pendiente: la edad de imputabilidad y el tratamiento de los delitos cometidos por menores. Mientras el Gobierno nacional impulsa una reforma del Código Penal, voces políticas y sociales se expresan en torno a un tema sensible que divide opiniones.
El caso que conmocionó a Santa Fe
Jeremías fue torturado y asesinado por adolescentes de 14 y 15 años, quienes incluso se filmaron durante el ataque. La difusión del video, de extrema violencia, profundizó la indignación social y puso en agenda la discusión sobre cómo debe actuar la Justicia frente a delitos cometidos por menores de edad.
El hecho se suma a otros episodios recientes, como la muerte de Uriel Giménez, de 12 años, en un enfrentamiento armado con la Policía en Tres de Febrero, lo que refuerza la preocupación por el delito juvenil y la vulnerabilidad de los adolescentes en contextos de violencia.
El debate político y social
Desde distintos sectores se plantearon posturas sobre la necesidad de revisar el Código Penal. La exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro insistieron en la idea de bajar la edad de imputabilidad. Sin embargo, especialistas en derecho penal y organizaciones de derechos humanos advierten que la discusión no puede reducirse a la edad, sino que debe incluir políticas de prevención, educación y contención social.
El riesgo, señalan, es que una reforma apresurada termine criminalizando aún más a adolescentes en situación de vulnerabilidad, sin resolver las causas estructurales de la violencia.
La reforma del Código Penal
El Ejecutivo tiene en carpeta un proyecto de reforma integral del Código Penal, vigente desde 1921. Entre sus puntos se prevé el aumento de penas en delitos graves, la imprescriptibilidad de homicidios y abusos sexuales, y la implementación del sistema acusatorio. También se menciona la posibilidad de modificar la edad de imputabilidad, aunque el debate aún no está formalmente en el Congreso.
La discusión se da en un contexto de fuerte presión social por hechos de violencia, pero también con advertencias sobre la necesidad de garantizar derechos y evitar respuestas punitivas que no resuelvan el problema de fondo.
El crimen de Jeremías Monzón expuso la crudeza de la violencia juvenil y reabrió un debate complejo: cómo debe responder el Estado frente a delitos cometidos por menores. Mientras algunos sectores reclaman endurecer las penas, otros insisten en que la solución pasa por políticas de inclusión y prevención. La reforma del Código Penal aparece como escenario de discusión, pero el desafío será encontrar un equilibrio entre justicia, protección de las víctimas y respeto a los derechos de los adolescentes.