Tras el sumario administrativo que confirmó su participación en prácticas irregulares, María de Lourdes Lugrin fue cesanteada del Hospital y Hogar de Ancianos “San Roque María A. de Francou”. El caso ya había salpicado a su hermana, Claudia Lorena Lugrin, ex administradora del establecimiento y condenada penalmente por peculado. La investigación descubrió un faltante de más de un millón de pesos y cobros indebidos a pacientes por servicios que debían ser gratuitos.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó la cesantía de María de Lourdes Lugrin, trabajadora del Hospital San Roque de Villa Elisa, luego de culminar un proceso administrativo que confirmó su implicación en un esquema de cobros ilegales y el manejo irregular de fondos públicos. El caso, que también involucra a su hermana, la ex administradora del centro de salud, Claudia Lorena Lugrin, suma un nuevo capítulo judicial tras revelarse un faltante de más de $1,3 millones en la contabilidad hospitalaria.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial N°28.128, María de Lourdes formaba parte del área administrativa bajo la supervisión directa de su hermana. La investigación determinó que ambas participaron —de manera activa o por omisión— en maniobras que incluyeron cobros por servicios de oxígeno durante la pandemia, lo cual fue denunciado por una ciudadana que debió pagar $5.000 en concepto de “colaboración” para la atención de su padre con COVID-19.

Una auditoría contable detectó ingresos por pensión, colaboración y donaciones entre enero de 2020 y mayo de 2021 por un total de $1.714.649,00. De ese monto, solo se encontraron $228.200,00 en efectivo secuestrado y $132.460,00 registrados en la cuenta de arancelamiento, revelando un déficit superior al millón trescientos mil pesos. El sumario indicó que María de Lourdes no denunció ni desconocía estas prácticas, reforzando la hipótesis de connivencia.

Las declaraciones de la entonces Subsecretaria de Administración del Ministerio de Salud, Ana Gabriela Diez, fueron clave: subrayó que ningún efector público provincial puede exigir pagos por prestaciones sanitarias, lo que consolidó la prueba contra ambas funcionarias.

Si bien la condena penal recayó primero sobre Claudia Lorena Lugrin, el decreto provincial aclaró que María de Lourdes no está exenta de responsabilidad, ya que estaba en conocimiento de los fondos secuestrados por la justicia y del faltante no registrado.

La medida de cesantía cierra el proceso administrativo y marca una postura firme del Estado provincial contra actos de corrupción dentro del sistema de salud pública. (APFDigital)