Se trata de Francisco Eliseo Vera Fleitas, quien fue interceptado el 12 de febrero de 2026 mientras conducía una camioneta Toyota Hilux en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 119, en jurisdicción de Islas del Ibicuy.

Según la acusación del fiscal de Islas, Gastón Popelka, el conductor ignoró las señales de detención realizadas por personal policial y continuó su marcha, lo que motivó una persecución controlada que finalizó unos 15 kilómetros más adelante. Una vez detenido, los efectivos comprobaron que el vehículo presentaba irregularidades.

La investigación determinó que la camioneta tenía colocada una patente paraguaya que no correspondía al rodado y que, tras verificar los números de chasis y motor, se constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente desde el 28 de enero de 2026 por una denuncia de hurto agravado.

Para la Fiscalía, Vera Fleitas recibió y utilizó el vehículo con conocimiento de su origen ilícito y además intervino en la sustitución de la identificación registral de la camioneta para ocultar su verdadera procedencia.

Por estos hechos fue acusado de desobediencia a la autoridad, encubrimiento doblemente agravado —por ánimo de lucro y habitualidad— y sustitución de numeración de objeto registrable, delitos por los que reconoció su responsabilidad.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados más de 211 mil pesos argentinos, 62 mil guaraníes, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y un arrancador portátil para vehículos.

Al momento de acordar la pena, la Fiscalía tuvo en cuenta como agravante que el imputado ya registraba antecedentes penales. En 2018 ya había sido penado a 4 años de cárcel que cumplió en la Unidad Penal 17 Candelaria del Servicio Penitenciario Federal por un caso de transporte de estupefacientes. Luego, al recibir la libertad en 2022, fue nuevamente llevado ante la Justicia por el delito de portación ilegal de arma de guerra, por lo que fue sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión.

El acuerdo establece una pena de 12 meses de prisión efectiva, además del decomiso de los elementos secuestrados durante el procedimiento. Además, y según surge de la resolución, los bienes decomisados serán puestos a disposición del Estado y donados al Hogar de Cristo, institución que trabaja en la asistencia y acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad y con consumos problemáticos.

El condenado permanece preso en la Unidad Penal 9 desde febrero, cuando fue detenido y se le dictó la prisión preventiva. recibirá la libertad en febrero de 2027.