La Federación Nacional de Docentes Universitarixs (Conadu) definió un contundente plan de acción para 2026 que incluye el no inicio de clases si el Gobierno no aplica en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, recientemente aprobada por el Congreso. La decisión fue tomada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, que reunió a representantes de 30 gremios del sector.

El secretario general de Conadu, Carlos De Feo, advirtió que la situación de las universidades públicas atraviesa un “punto crítico” como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno nacional. Señaló que, de no revertirse el escenario, el sistema ingresará en una crisis “que costará muchos años revertir”, marcada por la pérdida salarial y la paralización de programas estratégicos de formación e investigación.

Durante el encuentro se realizó un balance de las medidas impulsadas este año frente al recorte presupuestario y se destacó como un logro central la sanción de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, elaborada por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). La norma establece nuevas pautas de inversión y actualización que, según los gremios, resultan indispensables para sostener el funcionamiento del sistema.

El Plenario también manifestó su rechazo a los episodios de censura denunciados en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), donde contenidos vinculados al Banco Nacional de Datos Genéticos, el derecho a la identidad y la enseñanza de Derechos Humanos fueron eliminados de forma reiterada en una asignatura de Biología Molecular e Ingeniería Genética. Para Conadu, estos hechos vulneran principios académicos esenciales y constituyen un antecedente grave para la autonomía universitaria.

Con este escenario, la federación prepara un plan de lucha escalonado para el primer trimestre de 2026. El primer paso será exigir la inmediata aplicación de la ley y la recomposición salarial, mientras se evalúan nuevas medidas que podrían profundizarse si el Gobierno no ofrece respuestas.

La advertencia sobre el inicio de clases anticipa un conflicto que promete marcar el próximo año académico, en un sistema universitario que hace meses denuncia falta de recursos para sostener su actividad básica y su infraestructura.