Siete años después del crimen de Gabriel Gusmán, este martes comienza en Paraná el juicio por jurados contra los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo, acusados por el homicidio del joven ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá. El proceso se desarrolla por impulso de la querella autónoma, luego de que la Fiscalía desistiera de la acusación por falta de pruebas.

La audiencia de selección de jurados se realizó el lunes, y a partir de hoy se iniciarán las declaraciones de testigos y la exposición de pruebas. Será la primera vez que un caso calificado por organismos de derechos humanos como de “gatillo fácil” llegue a debate mediante el sistema de jurados populares en Entre Ríos.

Según la querella, representada por el abogado José Iparraguirre, Gabriel Gusmán fue asesinado cuando ya había detenido su huida y levantado las manos en señal de rendición. El proyectil que lo mató ingresó por la nuca y salió por la región frontal, lo que refuerza, sostienen, la hipótesis de una ejecución. Molina es señalado como el autor del disparo y a Íbalo se lo acusa de no haber impedido el accionar de su compañero.

El Ministerio Público Fiscal, en cambio, resolvió en 2020 archivar provisoriamente la causa al considerar que no existían elementos suficientes para sostener una conducta ilegal por parte de los agentes. En su momento, la investigación indicó que el joven habría portado un revólver calibre 38, hallado junto a su cuerpo con tres cartuchos disparados.

El hecho ocurrió en un contexto de enfrentamientos entre grupos armados en Capibá, una zona marcada por la violencia barrial. Los policías acudieron al lugar tras un llamado al 911 y, según la versión oficial, Gusmán habría intentado escapar a pie mientras se producían disparos cruzados.

La jueza de Garantías Elisa Zilli ordenó en noviembre del año pasado la apertura del proceso y su elevación a juicio oral y público bajo la modalidad de jurado. La resolución reactivó una causa que había permanecido paralizada durante años y que fue acompañada por movilizaciones de familiares, organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos que reclaman justicia.

Durante las próximas jornadas, el jurado deberá resolver si existió un uso excesivo de la fuerza o si los acusados actuaron conforme al protocolo policial. El veredicto marcará el cierre de un expediente que atravesó múltiples giros judiciales y que volvió a poner en debate la actuación de las fuerzas de seguridad en casos de violencia institucional.