La fuerte represión a la protesta social del último miércoles, cuando la marcha de los jubilados fue respaldada por miles de personas, que decidieron acompañarlos tras la violencia desatada por la Policía una semana atrás contra ancianos y ancianas, generó la reacción y el posicionamiento de todo el arco político.

Desde el bloque del Partido Justicialista (PJ) de Gualeguaychú difundieron un comunicado, en el que manifestaron “un enérgico y contundente repudio a la brutal represión sufrida por el pueblo argentino”.

“El uso del Estado para fulminar el derecho de protesta mediante la acción directa de fuerzas armadas y policiales implica la transgresión totalmente inadmisible de un límite al que este gobierno de ultraderecha y antiderechos nos pretende acostumbrar”, dice el documento enviado a EL ARGENTINO.

“Pero, por el contrario, la expresión popular de protesta, tal y como se pudo advertir el día de ayer, empieza a encontrarse en las calles bajo diferentes banderas e intereses populares. Trabajadores, jubilados, docentes, personas que se identifican por afinidades en sus clubes deportivos como forma de organización social, fueron víctimas de la represión de las fuerzas comandadas por la Ministra Bulrrich”, cuestionaron los concejales de la ciudad.

“Bajo la proclama de la defensa la libertad, concepto que abrazamos desde la mayoría de los espacios políticos, el gobierno de Javier Milei está desguazando nuestra democracia, fulminando nuestros derechos y aniquilando toda esperanza de vivir en un orden social verdaderamente justo, creando en su lugar, un nuevo orden social autoritario al extremo, donde los únicos beneficiados son sus socios comerciales, locales y extranjeros”, alertaron desde el espacio opositor. Asimismo, pidieron que la represión sea “investigada y enjuiciada” y sus responsables “condenados con todo el peso de la ley”.

“El Estado protege, siempre. Su única finalidad es el bien común. El uso de sus herramientas para criminalizar protestas legítimas y subyugar al pueblo es un delito. Defender el Estado de derecho y nuestra Constitución es un imperativo ético que no debe ser perdido de vista jamás por la diferencia de nuestras miradas ideológicas”, finaliza el documento.