Redacción EL ARGENTINO
Actualmente hay dos causas en las que se investiga al ex legislador, quien perdió sus fueros tras ser expulsado de la Cámara alta el jueves pasado, y se encuentra en prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay. Una está a cargo de Arroyo Salgado y el fiscal federal Fernando Domínguez, quien le requirió a la magistrada que pida la inhibitoria de la Justicia entrerriana. La otra está en la Justicia de Concordia, de donde es oriundo Kueider, y la impulsa el fiscal provincial José Arias.
El expediente de Concordia se abrió a partir de una denuncia de un vecino de esa ciudad -Eliseo Blanco- presentada el 16 junio pasado, a partir de una publicación del sitio El Disenso que revelaba que el ex senador tenía tres departamentos y dos cocheras en un edificio de lujo en Paraná, a través de una sociedad - Betail SA - que habría usado como pantalla para ocultar que era el dueño. La denuncia recayó en la Fiscalía a cargo de Martín Nuñez, pero pasó 40 días casi sin movimiento. Esto derivó en que el fiscal coordinador de Concordia la derivara a su colega Arias, quien tomó intervención y abrió formalmente la investigación el 30 de julio.
En tanto, en la Justicia Federal, la causa por enriquecimiento ilícito se inició el 2 de julio último, a partir de una denuncia del periodista Christian Sanz, en base a esa misma publicación y otra nota del sitio elentrerios.com, que se hacía eco de esos departamentos en el edificio Live en Santiago del Estero 511 que había comprado Kueider en 2021, ya siendo senador nacional.
La propiedad de los tres departamentos y las dos cocheras salió a la luz porque, como titular de las expensas, figuraba hasta mayo pasado, Betail SA, la empresa a la que había entrado como accionista Kueider en diciembre de 2019. Llamativamente, en junio las unidades aparecieron a nombre de Iara Guinsel Costa, la acompañante de Kueider cuando fue detenido en Ciudad del Este. En ese momento, la joven -con quien el ex legislador mantendría una relación afectiva- estaba designada en el despacho del entonces senador con la categoría más alta y un sueldo de $1,9 millones.
La denuncia original pedía que, además del enriquecimiento, se investiguen otros posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos. Incluía por este último delito y el de asociación ilícita a Betail SA y a los otros dos socios de Kueider en esa firma, Javier Rubel y Rodolfo Daniel González; a la otra empresa de Kueider, Edekom SA, creada en diciembre de 2022 en sociedad con su hijo Haidar Iván; y a Guinsel Costa. Ambas firmas declararon domicilios falsos en la Ciudad de Buenos Aires, como reveló Infobae. Tanto Guinsel Costa, González y Rubel hoy están sospechados de haber actuado como testaferros de Kueider.
La causa de enriquecimiento está vinculada a otra anterior -originada en 2020- que tramita en el mismo Juzgado de Arroyo Salgado en la que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a distintos organismos públicos nacionales y provinciales de distintas jurisdicciones del país. Entre ellos, la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA. Los pagos ilegales tuvieron lugar entre principios de 2017 y abril de 2019 y estaban destinado a mantener los contratos de seguridad. Ese período coincide, parcialmente, con la época en que Kuieder fue secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.
El expediente de Securitas se abrió por una autodenuncia de la misma empresa, luego de una auditoría interna, y recayó en jurisdicción de San Isidro porque la casa central de la firma de vigilancia y seguridad privada está en la localidad bonaerense de Munro. A pedido del fiscal Domínguez, la jueza dispuso la conexidad de ambas causas - la de Securitas y la de enriquecimiento - el 8 de octubre pasado, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín.
La doctrina vigente prohíbe investigar a una persona por una misma conducta en dos expedientes que tramiten en su contra en forma simultánea, lo que exige definir qué Juzgado y qué fuero tiene la competencia para llevar adelante la investigación. En este caso, en ambas causas coinciden el principal acusado y el resto de los investigados (Guinsel Costa, González, Rubel y las dos empresas de Kueider), y uno de los delitos que se le imputa al ex senador, el de enriquecimiento ilícito.