Hasta ahora, Paraguay pagaba 22 dólares por MWh, mientras que Argentina desembolsaba más del doble, cerca de 50 dólares por la misma energía. El nuevo valor, que regirá desde este mes, fue oficializado mediante la resolución 258/2025 de la Secretaría de Energía, en consonancia con el acta firmada el 19 de mayo entre autoridades energéticas de ambas naciones y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

La Resolución 288/2025 estableció el precio unificado de 28 dólares por MWh con efecto retroactivo al 11 de junio de 2025. Este ajuste responde a la necesidad de cubrir costos operativos, de mantenimiento e inversiones en la central, incluyendo la rehabilitación, la ampliación de la planta Aña Cuá y obras complementarias, dentro del marco del Plan de Reestructuración Financiera de la EBY.

A diferencia de Yacyretá, Argentina no cuenta con una resolución reciente que fije un precio explícito en dólares para la energía generada en la represa de Salto Grande. Desde 2013, la Resolución 95/2013 de la Secretaría de Energía redujo el precio de la energía de Salto Grande a aproximadamente 14 dólares por MWh, y en años posteriores, el precio bajó aún más, hasta situarse en cerca de 2,9 dólares por MWh, según denuncias de la provincia de Entre Ríos.

Esta provincia presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestionando la constitucionalidad de las resoluciones emitidas desde 2013 que fijaron precios considerados perjudiciales. Entre Ríos reclama un retroactivo de 175 millones de dólares y exige la intervención directa en la fijación del precio, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones y que se establezca un precio justo conforme a los acuerdos vigentes desde 1999.

El reclamo entrerriano se basa en que las resoluciones adoptadas por la Secretaría de Energía desde 2013 redujeron unilateralmente el valor de la energía producida en Salto Grande, afectando los excedentes reparatorios que deben distribuirse a las provincias, lo que constituye una violación al pacto vigente.

Este nuevo escenario abre una etapa de mayor equidad en la valoración de la energía producida en las represas binacionales, aunque el caso de Salto Grande continúa siendo objeto de disputa judicial y política.