La implementación de la aplicación de inteligencia artificial ORI, presentada por el gobierno de Entre Ríos como herramienta de orientación en problemáticas de salud mental, generó una ola de cuestionamientos. Diversos sectores políticos, profesionales y sociales advirtieron que la medida resulta insuficiente frente a la gravedad de la crisis que atraviesa la provincia, marcada por elevados índices de suicidio juvenil y carencias en infraestructura y recursos humanos.

Críticas de UCR Activa

A través de un comunicado, UCR Activa cuestionó la “prioridad política” del gobierno provincial en materia de salud mental. Si bien aclararon que no están en contra de las tecnologías, remarcaron que “un algoritmo no puede reemplazar el deber de Estado”. El texto señala que, en lugar de abrir concursos y desplegar equipos interdisciplinarios, se ofrece una aplicación que exige loguearse con CUIL y clave fiscal, datos que muchas familias no tienen a mano.

El comunicado advierte que la situación requiere “Estado presente, inversión en personas, investigación de campo y presencia territorial urgente”, y denuncia que la aplicación funciona como “una coartada para no hacerse cargo de los deberes públicos”.

Pronunciamiento de legisladores y entidades vinculadas

La Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria de Paraná (RISaMC) también expresó su “profunda preocupación” y convocó a una reflexión colectiva. Señalaron que las respuestas universales y estandarizadas “borran el nombre propio y la historia singular” y que la salud mental no puede pensarse sin vínculos, escucha y comunidad.

“El padecimiento subjetivo no se resuelve con respuestas automatizadas”, remarcaron, y exigieron ser parte de la discusión sobre políticas que impactan directamente en su campo de trabajo.

La diputada nacional Blanca Osuna se sumó a los cuestionamientos, alertando sobre los alarmantes índices de suicidios juveniles en Entre Ríos: casi 20 cada 100.000 habitantes, duplicando la media nacional. “Ningún bot digital puede reemplazar la atención necesaria”, afirmó, y vinculó la situación con la falta de inversión provincial y el ajuste nacional en becas Progresar.

Osuna instó al gobernador Rogelio Frigerio a priorizar recursos en educación y salud, y denunció el congelamiento del valor de las becas en $35.000 desde 2024, lo que agrava la vulnerabilidad de los jóvenes.

Reclamos profesionales y sociales

El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos advirtió que estas herramientas tienen limitaciones sustantivas en contención subjetiva y toma de decisiones clínicas, y cuestionó que no hubo consulta institucional previa. UNICEF también alertó sobre riesgos serios de los chatbots en salud mental para niños y adolescentes si no existen resguardos estrictos.

Los distintos pronunciamientos coinciden en que la crisis de salud mental en Entre Ríos requiere más profesionales, equipos interdisciplinarios y presencia territorial, y que la aplicación ORI, presentada como emblema oficial, no responde a la urgencia del problema. Para los críticos, la medida revela un diagnóstico equivocado y una prioridad política que desplaza la inversión en infraestructura y recursos humanos hacia soluciones tecnológicas insuficientes.

Fuente: APFDigital