La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) continúa con su agenda de reuniones para alertar sobre el impacto que tendría el artículo 30 del proyecto de Presupuesto Nacional, que deroga el artículo 52 de la Ley 26.058. Ese artículo es el que sostiene financieramente las actividades diarias de las Escuelas Técnicas, Escuelas Agrotécnicas, Centros de Formación Profesional e Institutos Superiores Técnicos.

El secretario general Andrés Besel, junto al secretario gremial Fabián Monzón y el secretario de Prensa Carlos Fontana, recibió a la diputada provincial Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular, a quien presentó un informe detallado de la situación. Durante el encuentro, AMET pidió su colaboración para habilitar canales de diálogo con legisladores y funcionarios de los distintos niveles del Estado, con el objetivo de frenar la derogación y garantizar los recursos necesarios para la Educación Técnico Profesional (ETP).

Según comunicó el gremio, la legisladora expresó comprensión frente a la problemática y se comprometió a gestionar una reunión en la Legislatura provincial con representantes oficialistas y opositores. El fin es que el sindicato pueda exponer allí la importancia de mantener el financiamiento, clave para la formación de miles de estudiantes que optan por estas modalidades educativas.

Los dirigentes remarcaron que el Estado tiene una responsabilidad indelegable en asegurar entornos formativos adecuados, más aún cuando la educación secundaria es obligatoria. Advirtieron que, si desaparecen los fondos nacionales establecidos por la ley específica de la ETP, será la provincia la que deberá garantizar la continuidad de los recursos.

AMET sostuvo además que el financiamiento no es un beneficio sectorial, sino un aporte directo para las y los alumnos. “El compromiso para su sostenimiento debe ser de todos los actores que reconocen a la Educación Técnico Profesional como un pilar del desarrollo provincial y nacional”, señaló la organización.