La publicación del Decreto Nº 3817, firmado el 20 de diciembre por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno Manuel Troncoso, encendió señales de alarma en sectores del Estado provincial. La norma prevé la renovación de contratos temporarios para 833 agentes, pero dejó fuera a otros trabajadores que, por estas horas, viven con incertidumbre su situación laboral.

El anexo del decreto contiene la nómina de quienes continuarán vinculados al Estado durante 2026. La revisión minuciosa de ese listado se volvió una práctica extendida en oficinas y dependencias, donde la preocupación crece entre quienes no aparecen incluidos y no recibieron comunicación formal sobre una eventual desvinculación.

La inquietud se manifiesta con especial fuerza en áreas como Producción, Desarrollo Social y en sectores del Ministerio de Gobierno, particularmente en Derechos Humanos. A diferencia de lo ocurrido en la Legislatura, donde hubo avisos previos, en estos organismos muchos agentes no fueron notificados y permanecen a la espera de definiciones, tras años —en algunos casos más de una década— de continuidad laboral bajo contratos temporarios.

La norma justifica las renovaciones en la necesidad de garantizar la operatividad y el normal funcionamiento de las dependencias estatales. El texto señala que se cumplió con la intervención de las áreas técnicas correspondientes, la verificación de encasillamientos, la inexistencia de incompatibilidades y la previsión presupuestaria para afrontar los contratos durante 2026.

El artículo primero autoriza la contratación del personal temporario en organismos centralizados y entes descentralizados del Poder Ejecutivo Provincial entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, conforme a los anexos del decreto. El segundo artículo faculta a ministros y autoridades superiores a suscribir los contratos, que deberán firmarse antes del 28 de febrero próximo.

Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene entre los trabajadores que no figuran en el listado oficial. Consultas a gremios, intercambios entre compañeros y la expectativa de una eventual ampliación del decreto marcan el clima en la administración pública, donde la continuidad laboral de numerosos agentes sigue sin definiciones claras.