Setenta años después de uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política en la Argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad. La sentencia, dictada por la jueza Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad, responsabilizó al Estado argentino por su planificación y ejecución, y dispuso un conjunto de medidas de reparación y preservación de la memoria para las víctimas y sus familiares.

El fallo representa un hito en la búsqueda de verdad y justicia sobre los hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a los basurales de José León Suárez. Allí, varios de ellos fueron ejecutados por fuerzas policiales de la autodenominada Revolución Libertadora. Aquellos acontecimientos fueron reconstruidos y difundidos por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, considerada obra fundacional del periodismo de investigación en América Latina.

La sentencia fue leída en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín, a pocos metros del lugar de los fusilamientos. La magistrada dio por probado que personal policial allanó de manera ilegal una vivienda en Florida por orden de las máximas autoridades de facto de la época, encabezadas por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas.

Doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado donde se produjo la ejecución. Murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión, mientras que otros siete sobrevivieron, entre ellos Juan Carlos Livraga, quien aportó su testimonio desde Estados Unidos durante las audiencias.

La jueza calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque todos los responsables directos e indirectos ya fallecieron, estableció su responsabilidad penal y señaló que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido prisión perpetua. “Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal”, fundamentó.

El juicio se desarrolló en tres jornadas con la participación de familiares, investigadores, periodistas y organismos de derechos humanos. El contexto histórico fue central: los fusilamientos se produjeron tras el levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. La represión incluyó ejecuciones sumarias en distintos puntos de Buenos Aires, con un saldo de 31 militantes asesinados.

Entre las medidas reparatorias ordenadas figuran la rehabilitación del buen nombre de las víctimas, la publicación de la sentencia en boletines oficiales, la incorporación de los hechos en contenidos educativos y la instalación de placas conmemorativas en los sitios vinculados a la masacre. Además, se dispuso la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez y la inclusión de los nombres de las víctimas en el registro estatal de violencia institucional.

El antecedente inmediato fue el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, realizado en 2022, cuando se reconoció como crimen de lesa humanidad el ataque perpetrado en 1924 contra comunidades indígenas en Chaco. Para los familiares, el fallo constituye una reparación largamente esperada. “Que esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad”, expresó Berta Carranza, hija de uno de los fusilados.

Los fundamentos completos se darán a conocer el 16 de julio, pero el veredicto ya quedó inscripto como una decisión histórica: por primera vez la Justicia argentina reconoció formalmente que los fusilamientos de José León Suárez fueron crímenes de lesa humanidad, reafirmando el valor de la memoria, la verdad y la justicia como pilares de la democracia.